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La presidenta Dina Boluarte se encuentra en el ojo de la tormenta luego que se revelara que recibió S/ 1,1 millones en sus cuentas de procedencia desconocida, según se desprende de un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), al que accedió el diario El Comercio.
Tras conocerse esta noticia, expertos consultados por Gestión coincidieron en señalar que este documento agrava su situación. Tanto Carlos Caro como Andy Carrión indicaron que la jefa de Estado podría ser investigada por dos nuevos delitos: lavado de activos y fraude en la administración de personas jurídicas.
Sin embargo, ¿cuáles son los siguientes pasos que debería seguir el Ministerio Público y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) frente a este hallazgo?
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El abogado tributarista José Verona explicó que, en primer lugar, el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, debería ampliar la investigación que abrió contra la jefa de Estado por el caso Rolex y añadir estos nuevos hechos.
“Son hechos diferentes que podrían estar dentro de la investigación. O bien podría estar en el mismo expediente, acumulando estos hechos, o en dos expedientes por separado”, dijo a Canal N.
Precisamente, la semana pasada la Fiscalía de la Nación inició diligencias preliminares en su contra por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos.
La Sunat tiene que intervenir
Por otro lado, Verona añadió que la Sunat tiene que salir a actuar de una vez frente a esta denuncia, al recordar que este organismo es el ente encargado en el Perú de determinar si una persona tiene o no un incremento patrimonial justificado o no justificado.
“O sea, ya está interviniendo la UIF, ya esta interviniendo la Fiscalía, ¿por qué no interviene la Sunat? La UIF no determina el origen de los bienes ni de los fondos, la Fiscalía tampoco. El ente encargado, la institución tutelar que en el Perú determina si alguien tiene incremento patrimonial justificado o no justificado es la Sunat. Entonces, tiene que salir a fiscalizar y eso no es malo para la presidenta. Solo tienen que cumplir con su función”, acotó.
El especialista explicó que lo que corresponde es que un auditor de la Sunat, tras hacer un análisis y pericia, determine si la compra de estos relojes de alta gama, entre ellas, un Rolex, por parte de Boluarte o el dinero hallado en sus cuentas presuntamente del Club Departamental Apurímac tienen justificación o no con sus ingresos y egresos.
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Luego de ello, el auditor emitirá un informe llamado resultado de requerimiento. Dicho documento, posteriormente, será remitido a la UIF, a fin de que este organismo lo tome en cuenta para determinar si el reporte de operación sospechosa que emitió en el caso de la presidenta se convierte en una denuncia por lavado de activos o si se archiva.
En paralelo, Verona dijo que el informe debe ser remitido al Ministerio Público. El documento en mención puede ser considerado como una especie de peritaje institucional.
“La Fiscalía, en base a ese documento, podría archivar el caso al señalar que tiene sustento. O sea, la Sunat le puede enmendar la plana a la Fiscalía, porque esta institución es el órgano tutelar en determinar si un patrimonio es justificado o no es justificado”, manifestó.
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¿Qué documentos tendrá que presentar Boluarte para justificar su postura?
En el informe de la UIF, al que accedió el diario El Comercio, se precisa que la mayor cantidad de depósitos en efectivo se hizo en las cuatro cuentas mancomunadas de la presidenta. La que más depósitos en efectivo recibió fue la de Boluarte con Néstor Amado Camargo, con quien compartió el consejo directivo del Club Departamental Apurímac en dos períodos: 2017-2019 y 2019-2022.
Entre el 2017 y el 2022, esa cuenta recibió S/893,095.
Camargo, quien fue tesorero de Boluarte en su club departamental, señaló a dicho medio de comunicación que, según su estatuto, el presidente y secretario de economía manejan las finanzas de la organización.
“En el 2017 soy el secretario de economía del club. Y la señora Dina Boluarte es la presidenta del club. Entonces, de acuerdo con el estatuto, se maneja la economía del club entre el presidente y el secretario de economía. Eso es todo lo que le puedo decir”, indicó.
Sin embargo, el estatuto del Club Departamental Apurímac no especifica si los miembros del consejo directivo pueden abrir cuentas a su nombre.
Respecto a este tema, Verona recordó que los clubes departamentales son asociaciones sin fines de lucro que tienen directores, los que a su vez no perciben sueldos, sino “dietas”. Estos abonos de dinero tienen que ser declarados ante la Sunat, por lo que indicó que se tiene que comprobar si la mandataria, en su calidad de presidenta del Club Departamental Apurímac, hizo tal acción o no.
Explicó que Boluarte también tendrá que presentar tres documentos para demostrar que el dinero que ingresos a sus cuentas mancomunadas estaba destinado para la administración de su club.
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“La presidenta debe tener un contrato de mandato. Por ejemplo, si yo tengo una asociación llamada ‘Las damas de Lima’, tú eres la presidenta y yo quiere que manejes fondos de esa organización, tiene que haber un contrato de mandato en el que se establezca que yo te doy la orden, el mandato, o te pido el favor que pagues a la proveedores, trabajadores, o que hagas determinada gestión económica a nombre de la asociación”, aseveró.
En ese sentido, explicó que los “favorcitos” jurídicamente se llaman contratos de mandato y tienen que tener una firma legalizada, de lo contrario, sería irregular.
“Una persona no puede recibir dinero sin tener un contrato con firma legalizada, porque inmediatamente la Sunat determina un incremento patrimonial no justificado. En caso de funcionarios públicos, ese incremento patrimonial no justificado se convierte en una investigación por corrupción de funcionarios o lavado de activos”, advirtió Verona.
El abogado añadió que la jefa de Estado también debe exhibir un contrato de trabajo y de representación. En el primer caso, en el documento debe estar establecido que dentro de sus funciones como presidenta de su club está el de “recibir dinero para hacer tales pagos”.
“El documento de representación es como una vigencia de poder. Por ejemplo, yo soy dueño del grupo Verona y te nombro mi apoderada. ¿Para qué? para cobrar cheques y pagar al personal, para cobrar cheques y pagar a los proveedores, entre otras acciones”, acotó.
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Los cuestionamientos que pesan contra la presidenta
El portal de noticias ‘La Encerrona’ analizó un total de 10,000 fotografías y determinó que la presidenta tendría una colección de, al menos, 14 relojes de alta gama, entre ellos, un Rolex, desde que inició funciones como vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) hasta que juró como presidenta.
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Esta noticia encendió una alerta sobre los ingresos económicos de la jefa de Estado, que en su momento fueron analizados por la UIF, de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).
Dicho organismo, según informó el diario El Comercio, detectó movimientos sospechosos en las cuentas bancarias de la mandataria entre agosto del 2016 y agosto del 2022. Estas cuentas recibieron numerosos depósitos en efectivo y transferencias cuyo origen se desconoce.
Hasta el año pasado, Boluarte había declarado ingresos en bienes por S/462,968 soles (US$ 126,000 dólares) y otros ingresos, que no fueron especificados, por S/ 593, 347 (US$ 161,000), además de su salario mensual como presidenta de S/ 16,000 (US$ 4,300).
No obstante, el informe de la UIF, que data de noviembre del 2022, advierte que más de un millón de soles ingresó a 11 cuentas bancarias, cuatro de ellas mancomunadas.
En total, los abonos en efectivo que recibió Boluarte en sus cuentas son por S/ 1′097,200 y US$ 2,200. Ambos montos suman S/ 1,1 millones.
En el informe también se alerta que otra operación sospechosa que realizó la jefa de Estado, en el año 2018, es la adquisición de la camioneta Honda CR-V, por un monto de US$25,990. Según el reporte, canceló el vehículo con un depósito en efectivo, “desconociéndose el origen de dichos fondos”.
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