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El Pleno del Congreso, aprobó una norma que tiene como finalidad ampliar las actividades de promoción a la agricultura familiar y crear, en primera instancia, el Registro Nacional Descentralizado de Agricultores Familiares para facilitar la identificación y focalización de la población beneficiaria de las políticas promocionales que se otorgan.
El dictamen que modifica la Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar obtuvo 108 votos a favor y se exoneró de segunda votación.
El dictamen recoge iniciativas legislativas de dos congresistas: Katy Ugarte (No Agrupado) y Silvana Robles (Perú Libre), ambas proponen en el proyecto de ley, incrementar el porcentaje de la producción de la agricultura familiar, a que están obligados adquirir los programas sociales del Estado.
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Beneficios en salud y desarrollo productivo
La presidenta de la comisión Agraria, Nilza Chacón Trujillo (Fuerza Popular) se encargó de la sustentación de la propuesta legislativa y señaló que entre las actividades que fomente la producción de la agricultura familiar está la implementación de programas de investigación y desarrollo de tecnologías productivas, mejoramiento genético y biotecnológico de semillas, transformación de cultivos, y asesoría en planes de negocios y comercialización de sus productos.
En cuanto a la salud de los agricultores familiares, el dictamen dispone que todos tengan acceso efectivo a los servicios integrales de saneamiento, electrificación rural, salud y educación de calidad, y afiliación automática al Seguro Integral de Salud.
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Créditos y uso de recursos hídricos
También el dictante propone garantizar a los agricultores el uso eficiente, racional racional y oportuno de los recursos hídricos mediante el acceso a programas de infraestructura hídrica y riego tecnificado, así como la recuperación y conservación de fuentes de agua.
Con respecto al crédito, se prevé la gestión y desarrollo de programas de financiamiento y acceso al crédito promocional de Agrobanco, cajas rurales, cooperativas de crédito y planes de reactivación productiva en situaciones de emergencia por cualquier causa.
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Compras estatales
La iniciativa legislativa señala que las entidades del gobierno central que administran programas sociales, así como los gobiernos regionales y locales, deberán dar cuenta en sus requerimientos anuales de alimentos, que han comprado productos provenientes de la agricultura familiar, al menos en 30% de sus compras de alimentos.
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