La Comisión de Constitución aprobó una iniciativa que fortalece sanción del acoso político hacia mujeres. Foto: Congreso
La Comisión de Constitución aprobó una iniciativa que fortalece sanción del acoso político hacia mujeres. Foto: Congreso

La Comisión de Constitución y Reglamento del aprobó por mayoría el proyecto de ley que fortalece la prevención y sanción del de las mujeres en la vida política.

El dictamen de esta iniciativa legislativa indica que las manifestaciones de acoso contra las mujeres pueden corresponder a diferentes conductas, como evitar por cualquier medio que las mujeres asistan a actividades que impliquen el ejercicio de sus derechos políticos en igualdad de condiciones. Salvo las restricciones de ley.

Además, restringir el uso de la palabra, impidiendo el derecho de participación política y limitar o negar de manera arbitraria el uso de cualquier recurso o atribución inherente al cargo que ocupa, “impidiendo el ejercicio en condiciones de igualdad y excluir, limitar o impedir el ejercicio de los derechos políticos a causa del estado de embarazo, parto, licencia por maternidad, licencia de estudios o de cualquier otra licencia justificada de acuerdo con la normativa aplicable”.

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En el debate, la congresista (Fuerza Popular) dijo que su partido no necesitó ninguna ley para contar con paridad y alternancia. Además, resaltó que el partido liderado por Keiko Fujimori presentó candidatas en los primeros lugares de las listas de postulantes.

La comisión, liderada por Hernando Guerra García (Fuerza Popular) aprobó la propuesta que fortalece las libertades de empresa y comercio reconocidas en el artículo 59 de la Constitución, luego de precisar las causales de clausura municipal de establecimientos comerciales, de manera temporal o definitiva, por parte de las entidades de los gobiernos locales.

En ese sentido, el proyecto tiene como finalidad garantizar el ejercicio de las libertades de empresas y comercio, que se reconocen en el mencionado artículo de la Carta Magna, a través de prevención y sanción de las actuaciones arbitrarias, corruptas o abusivas por parte de los gobiernos locales.

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