Ejecutivo observará parcialmente decreto que sanciona a exsocias de Odebrecht

El ministro de Justicia, Enrique Mendoza, calificó el caso Lava Jato como el más complejo que afronta la justicia peruana en los últimos 50 años. Indicó que se trata de un conjunto de obras en las que están involucradas alguna de las empresas más grandes del país, así como políticos y partidos.

Indicó que la labor de su sector, en relación al Decreto de Urgencia 003, es controlar y supervisar el manejo de los bienes de las empresas acusadas de corrupción (hasta este momento solo está incluida Odebrecht).

Para el ministro Mendoza, la mencionada norma no debe dificultar, ni obstruir la actividad de estas empresas; “que deben continuar”, opinó.

En diálogo con gestion.pe, el ministro sostuvo que su despacho aún no recibe las modificaciones que el Parlamento realizó al mencionado decreto, en el que incluye también a las exsocias de Odebrecht. Pese a ello, adelantó que será revisado.

Ya el 23 de noviembre, la jefa del Gabinete, Mercedes Aráoz, indicó ante la prensa extranjera que los cambios que realizó el Parlamento al DU-003 no solo vulneran el derecho a la presunción de inocencia, sino que ponen en riesgo la cadena de pagos de las empresas que están ejecutando obras públicas. Ante ello, refirió que sería devuelto al Congreso.

El plan del Ejecutivo
Al despacho de Enrique Mendoza aún no llega el DU 003 modificado. Pese a ello adelantó que será revisado. No habría una observación total del dispositivo, pero sí una parcial.

“Creo que hay que replantear algunos lineamientos, para que sea más fluido y no tan difícil. Vamos a hacer observaciones parciales que haremos conocer al Congreso en el más breve plazo, a efectos de que las consideren, analicen y de ser posible las aprueben”, detalló.

Para el titular del Minjus, lo que le toca a los actores de justicia (Poder Judicial y Fiscalía) es que se guarden las formas procesales, es decir, “garantizar los derechos de las personas acusadas para que no haya negligencias, y todo se conduzca de manera regular y se permita el libre derecho de defensa”.

Luego admitió que las acciones, sobre todo las de la semana pasada por parte de la Fiscalía, son medidas drásticas, que deben preocupar sobremanera al sector empresarial.