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La instalación del juicio oral contra el expresidente Alejandro Toledo y la exprimera dama, Eliane Karp, por el caso Ecoteva continuará el próximo martes 2 de mayo. Así lo decidió la jueza Josefa Izaga, de la Novena Sala Penal Liquidadora del Poder Judicial, tras precisar que para dicha sesión se tiene previsto que la Fiscalía presente tres testigos, quienes participarán en el juicio.
El Ministerio Público solicitó que el exvicepresidente de la República, David Waisman, y el exministro de Toledo y actual alcalde de Surco, Carlos Bruce, rindan su declaración en calidad de testigos en dicho juicio oral.
La fiscal superior Liliana Briceño consideró necesario que Waisman explique sobre la relación que tuvo con el expresidente y su esposa, Eliane Karp, así como brinde mayores detalles acerca de la versión que dio Toledo respecto a que su suegra, Eva Fernenbug, había adquirido una residencia en la urbanización Las Casuarinas, en Surco, con dinero procedente de una indemnización que recibió del estado alemán como víctima del holocausto nazi.
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Al respecto, el abogado de Toledo, Roberto Su, se opuso a dicha medida al explicar que Waisman es un enemigo político de su cliente y que el tema del holocausto nazi no forma parte de la acusación penal que presento la Fiscalía en este caso.
En lo que respecta a Bruce, la Fiscalía busca que el actual burgomaestre explique el interés que tenía el expresidente y su entorno familiar para la adquisición de la casa en Las Casuarinas.
Finalmente, el Ministerio Público también busca que el exrepresentante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, rinda su declaración en calidad de testigo por el soborno de US$ 30 millones que entregó la constructora brasileña Odebrecht (Hoy Novonor) a Toledo para que se le adjudique la licitación de la construcción de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica Sur.
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De acuerdo a la hipótesis de la Fiscalía, Toledo y sus allegados compraron bienes inmuebles y efectuaron el pago de hipotecas con dinero proveniente de los sobornos pagados por constructoras brasileñas para la construcción de la carretera Interoceánica, ello a través de empresas offshore creadas para este fin en Panamá y Costa Rica, como Ecoteva Consulting Group.
Sobre Toledo y Karp pesa un pedido de 16 años y 8 meses de prisión efectiva por este caso.
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