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Tras varios años en espera, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, finalmente se sentará en el banquillo de los acusados. El Poder Judicial programó para el próximo 1 de julio el inicio del juicio oral en su contra en el marco del caso ‘Cocteles’.
Al respecto, la excandidata presidencial saludó que el Poder Judicial haya programado de una vez el inicio del juicio oral tras varios meses en espera y después de, según dijo, las “injusticias” que ha sufrido durante todo el proceso.
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“Han sido muchos años de injusticias, de arbitrariedades, de abusos. Yo estuve tres veces injustamente en prisión, más de 16 meses alejada de mis hijas, y no solo quien habla, más de 40 personas de Fuerza Popular hemos sufrido una serie de abusos”, indicó en diálogo con la prensa.
En ese sentido, indicó que este proceso, que llega a su etapa final, “es, en parte, el camino para acabar con tantas injusticias”.
Fujimori recordó que a lo largo de todos estos años siempre ha dado la cara y “así lo vamos a seguir haciendo”.
¿De qué se le acusa a Keiko Fujimori?
El Equipo Especial que investiga el caso Lava Jato solicitó una pena de 30 años y 10 meses de prisión efectiva contra Fujimori por los presuntos delitos de lavado de activos, pertenencia a una organización criminal, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo.
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La misma pena se solicitó para Pier Figari, Ana Herz, José Chlimper, Adriana Tarazona Martínez, y otros más.
En cuanto a Mark Vito, exesposo de Fujimori, la Fiscalía pidió 22 años y ocho meses de cárcel por presuntamente haberla ayudado a lavar activos de procedencia ilícita. Esta misma pena se solicitó para Carmela Paucará Paxi, Luis Mejía, y otros investigados.
De acuerdo a la tesis fiscal, Fujimori encabezaría una organización criminal que creció al interior de Fuerza Popular y que estaría dedicada al lavado de activos.
Dicha red criminal se habría encargado de ocultar financiamiento ilícito mediante falsos aportantes. Además, habrían realizado actos de lavado de activos para ocultar aportes de la constructora brasileña Odebrecht (hoy Novonor) en la campaña presidencial del 2011.
En los primeros días de enero, el Poder Judicial decidió dejar sin efecto la orden de impedimento de salida del país, por el plazo de 36 meses, que pesaba sobre la excandidata presidencial en el marco de este caso.
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