Lava Jato: seis exejecutivos de Graña y Montero recibirán sanción penal

Seis exejecutivos de la empresa Aenza, antes Graña y Montero, recibirán sanción penal y se les impondrán algunas restricciones sobre sus actividades, dijo la a procuradora ad hoc para el caso Lava Jato, Silvana Carrión.

“Estos seis exejecutivos de la compañía que forman parte de la colaboración eficaz corporativa van a recibir una sanción penal en el marco de la colaboración eficaz, cuando esto se someta a la aprobación eficaz, habrá una sentencia condenatoria contra estos exejecutivos y también algunas restricciones sobre actividades que no podrán realizar”, dijo en Canal N.

La funcionaria -igualmente- no mencionó los nombres de los ejecutivos que recibirán una condena penal.

Como se recuerda, en noviembre del 2020, la Junta General de Accionistas de Graña y Montero aprobó la modificación de denominación social de la compañía por Aenza. Este cambio de nombre se venía evaluando desde principios del 2020 año como parte de una serie de modificaciones estructurales tras la vinculación de la compañía en los casos Lava Jato y Club de la Construcción.

A principios del 2017, el exrepresentante del Odebrecht, Jorge Barata, reveló que la empresa peruana había entregado sobornos a altos funcionarios para obtener la buena pro de obras públicas.

Asimismo, también es investigada por su participación en el denominado “Club de la Construcción”, grupo en el que participaban las principales constructoras y en el que se repartía obras públicas en colución con funcionarios del MTC.

-Restricciones comerciales-

La procuradora del caso Lava Jato explicó que la compañía Aenza tendrá restricciones comerciales y será inhabilitada para contratar con el Estado, por un plazo que la fiscalía imponga.

Recordó que el Ministerio Público y la Procuraduría Ad Hoc del caso Lava Jato suscribieron en la víspera un acuerdo preparatorio de colaboración eficaz con la empresa Aenza, donde esta reconoce la comisión de delitos de corrupción en 16 proyectos de infraestructura, así como su participación en 48 obras en el marco del Club de la Construcción.

“Se trata de un acuerdo grande, integral e importante en términos penales y civiles también”, manifestó.

La procuradora agregó que el acuerdo incluye una cláusula en la que la empresa se compromete a no iniciar procesos arbitrales, judiciales o administrativos contra el Estado, en sede nacional o internacional, por los proyectos que forman parte del convenio.

En ese sentido, aseguró que la compañía se desistió de continuar con dos arbitrajes entablados contra el Gobierno Regional de Cusco y renunció a cobrar cualquier concepto en el marco de la terminación del contrato de concesión de la Vía Expresa Sur, suscrito con la Municipalidad Metropolitana de Lima.

De igual modo, se suma el desistimiento a la solicitud de arbitraje que la empresa presentó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) por el Gasoducto Sur Peruano.