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El expresidente Alejandro Toledo, quien afronta 18 meses de prisión preventiva en el marco del caso Interoceánica (Tramos 2 y 3), se sentará nuevamente en el banquillo de los acusados.
El Poder Judicial fijó para el próximo lunes 25 de marzo el inicio de la audiencia de control de requerimiento mixto de acusación contra el exmandatario y otros acusados por las presuntas irregularidades en la licitación del Tramo 4 de la Carretera Interoceánica Sur.
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La audiencia, prevista para las 9:00 a.m., estará a cargo del Juzgado de Investigación Preparatoria, que lidera Richard Concepción Carhuancho. La sesión será inaplazable y se desarrollará de manera presencial en las instalaciones de la Corte Superior Nacional.
En tanto, el Ministerio Público pidió el sobreseimiento en el caso del fallecido empresario israelí Josef Maiman y de su hermana, Michele, en lo que corresponde al delito de lavado de activos.
Cabe recordar que esta será tercera vez que Toledo se sienta en el banquillo de los acusados tras ser extraditado desde los Estados Unidos. En paralelo el exmandatario afronta un juicio oral, de forma separada, por los casos Interoceánica (Tramos 2 y 3) y Ecoteva.
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¿De qué se le acusa a Toledo?
El Ministerio Público solicitó 35 años de prisión efectiva contra Toledo, al encontrarlo responsable por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos.
Respecto al empresario brasileño Marco de Moura Wanderley, exrepresentante de INTERSUR y gerente general de la empresa Camargo y Correa Sucursal Perú, la Fiscalía pidió 29 años de cárcel en su contra.
El exjefe de seguridad de Toledo, Avraham Dan On, sobre quien pesa una orden de prisión efectiva de 16 años y 8 meses, y los exfuncionarios de Proinversión Sergio Bravo Orellana y Alberto Pasco-Font Quevedo también fueron incluidos en la pesquisa.
De acuerdo a la tesis fiscal, Toledo realizó un presunto pacto colusorio con Moura Wanderley para favorecer al consorcio INTERSUR en la concesión del Tramo 4 de la carretera Interoceánica, por lo que este recibiría un soborno que superaría los US$ 6 millones.
Para dicho fin, se habrían creado empresas off shore, así como se habrían contratado a operadores financieros y otros participantes, que eran utilizados para concretar el pago de sobornos a los funcionarios a cargo de la licitación a través de operaciones financieras complejas. Las transferencias de dinero se habrían realizado en Suiza, Inglaterra e Israel.
El consorcio Intersur, del cual la empresa brasileña Camargo y Correa era parte, posteriormente realizó diversos pagos ilícitos a Toledo por un valor aproximado de US$ 4 millones. Esos pagos, según la Fiscalía, se realizaron en forma escalonada, entre los años 2006 a 2009, a través de cuentas off shore.
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