¿Déjà vu?

En las últimas semanas hemos sido testigos de cómo el Poder Judicial ha aceptado varios pedidos de fiscales para realizar allanamientos y detenciones en contra del entorno de varios políticos y funcionarios investigados por distintos delitos. Quizá el que más llamó la atención, por supuesto, fue el realizado la noche del viernes 29 de marzo –y que duró hasta la madrugada del sábado– en contra de la presidenta Dina Boluarte.

Como se recuerda, aquel día, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) ingresó al domicilio privado de Boluarte como parte de las investigaciones del ‘Caso Rolex’. Esta decisión, de hecho, incomodó tanto al Ejecutivo que, poco después, este confirmó su decisión de remover a Harvey Colchado de la jefatura de la Diviac de la PNP. La razón oficial para el cambio fue que se hizo pública una foto de una torta de cumpleaños que habría hecho alusión al allanamiento en la casa de la presidenta. Pero la reacción del Gobierno dejó claro que su incomodidad la produjo principalmente el propio allanamiento, que consideraron desproporcional.

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Este último, sin embargo, no ha sido el único operativo judicial reciente contra políticos alto perfil. A los allanamientos hechos contra Boluarte (en su domicilio y Palacio de Gobierno) se han sumado varios otros. Por ejemplo, los hechos ayer en los inmuebles vinculados con el congresista Raúl Doroteo (uno de ‘los niños’ de Acción Popular) por haber sido acusado de ser uno de los congresistas ‘mochasueldos’. O la detención de siete personas y el allanamiento de 21 viviendas vinculadas con el entorno de la ex fiscal de la Nación Patricia Benavides, realizado anteyer en el marco del operativo Valkiria II, a cargo del Eficcop.

Por supuesto, es siempre importante y correcto que la justicia avance y que investigue con firmeza y transparencia a los políticos y funcionarios que puedan haber cometido actos ilícitos. Dicho esto, para quien haya estado atento a lo ocurrido en los casos judiciales contra políticos de alto perfil de los últimos años, es imposible no sentir una suerte de déjà vu: ¿cuántas veces hemos visto que distintos fiscales realizan importantes acusaciones aparentemente graves que implican allanamientos y detenciones, pero que luego no han llegado a resultados concretos? Al menos no en un plazo razonable.

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Está bien que nuestro sistema de justicia realice los operativos que se estime necesarios para llegar hasta el final en los casos que investiga. Pero si una vez más los casos que generan tanta atención inicialmente luego no llegan a ningún resultado, la confianza en que este tipo de operaciones logran algo poco a poco se irá perdiendo. Por el momento, solo queda estar atentos.